Casi en simultánea a la audiencia en la que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) empezó a definir si declaraba la caducidad de un polémico contrato, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunciaba la hoja de ruta que se trazó en la entidad para investigar el caso.
El contrato es clave, pues garantizaría la conectividad a internet a 7.000 colegios en zonas rurales de 15 departamentos del país, y ha estado en el ojo del huracán luego de que se conoció que hubo un anticipo de $ 70.000 millones, cuyo paradero no se conoce con claridad.
En un foro sobre los avances en la lucha contra la corrupción –moderado por Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO– el jefe del ente acusador, así como procuradora general, Margarita Cabello, se refirieron a las acciones que ambas entidades han adelantado para esclarecer lo ocurrido en el Mintic.
El fiscal Francisco Barbosa aseguró que su entidad ya tiene definidas las líneas investigativas para cada uno de los hechos, y contó que el caso fue priorizado y asumido por el director nacional Anticorrupción de la Fiscalía, además de un grupo de tareas especiales donde se involucra al coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia.
“Uno tiene que ver con funcionarios involucrados o que trabajaron en la estructuración, evaluación o aprobación de los documentos precontractuales; otra línea, relativa la entidad o el contratista que presentó ese documento; otra sobre la expedición de esas pólizas: otra sobre cómo se produjo el giro de esos recursos, derivados del contrato de administración de fiducia y pagos, derivado del contrato principal que se firmó y cómo se presentó esa aprobación y giro de recursos”, dijo el Fiscal General.
La cabeza del ente acusador dijo también que hay investigadores del CTI y de la Dijín de la Policía y hasta cooperación internacional para esclarecer estos hechos, y resaltó que se está trabajando en conjunto con la Contraloría General de la República y la Procuraduría.
“Lo que le podemos garantizar al país es que esto no se va a tomar mucho tiempo, vamos a tomar medidas muy rápidas porque el objetivo es la preservación del patrimonio público y el derecho de los ciudadanos a tener esos recursos donde tienen que estar invertidos”, dijo Barbosa.
En el panel, el director de EL TIEMPO también indagó en las posibles responsabilidades de los funcionarios que pudieron haber estado involucrados en este proceso.
Karen Abudinen, ministra de las TIC.
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MinTIC
Al respecto, la procuradora Margarita Cabello aseguró que, desde el control preventivo de su entidad, desde el mes de febrero se le empezó a solicitar información al Ministerio de las TIC sobre la ejecución del contrato cuestionado.
“Insistimos en abril y mayo, y ya el primero de junio, cuando Mintic nos informa que está claramente presentado el incumplimiento, empezamos a adelantar todas las investigaciones para mirar qué estaba pasando”, dijo Cabello.
Y también explicó que, cuando la jefe de esa cartera, Karen Abudinen, empezó el proceso de caducidad, empezó el rol de la Procuraduría como observadora.
“Hemos estado observando todo el proceso. Si hoy termina el proceso de caducidad, la preventiva nos entrega una información que adjuntaremos al inicio de una indagación preliminar que abrimos en junio, que va muy avanzada y con muchísimas pruebas practicadas”, dijo la jefe del Ministerio Público.
Varias de dichas pruebas se han orientado, desde la misión de la entidad en el control del funcionario público, a lo relacionado con el plan de inversión del anticipo de 70.000 millones de pesos y a saber dónde están.
Según la procuradora Cabello, en los próximos días habrá decisiones relativas a la apertura de posibles investigaciones y sanciones contra los involucrados en las presuntas irregularidades del contrato.
