Venezuela vivió una bonanza petrolera durante la primera década de este siglo que, con algún altibajo, se extendió hasta 2014. Se estima que en ese periodo obtuvo ingresos por US$1 billón, es decir, un millón de millones de dólares.
De esos fondos, de acuerdo con denuncias hechas en 2016 por Jorge Giordani, quien fue miembro del gabinete de manera casi ininterrumpida durante 14 años (primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro), se habían perdido unos US$300.000 millones, cuyo uso no aparecía bien respaldado en las cuentas públicas.
Considerado como el “cerebro” económico del chavismo como ministro de Planificación, Giordani salió del cargo en 2014, cuando se distanció de Maduro.
Transparencia Venezuela ha ubicado alrededor del mundo 236 casos relacionados con corrupción en Venezuela, de los cuales sólo se conoce la cantidad de dineros públicos comprometida en 114 casos: US$52.000 millones.
Pero ¿cuánto de este dinero se ha recuperado en Estados Unidos? No hay una respuesta exacta hasta ahora.
“El Departamento de Justicia sabe cuánto ha decomisado en cada caso. El gobierno tiene esas cifras, pero no están disponibles para el público de una forma sistemática y organizada, por lo que para saber esta información hay que ir juntando datos sueltos en notas de prensa y resoluciones judiciales”, dice Nate Sibley, investigador de la Iniciativa contra la Cleptocracia del Instituto Hudson.
El Departamento de Justicia de EE.UU. declinó participar en este reportaje, mientras que el Departamento del Tesoro no respondió a las consultas sobre este tema.
Cifras manejadas por la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav), una ONG formada por ciudadanos venezolano-estadounidenses, valoran en unos US$1.500 millones el monto de los bienes decomisados hasta ahora en el contexto de estos juicios por corrupción en Estados Unidos.
Aunque no hay una cifra oficial acerca de cuánto de ese dinero se encuentra disponible de forma inmediata, varias fuentes conocedoras del tema coincidieron al decir que hay unos US$500 millones.
El resto corresponde a bienes decomisados que no han sido vendidos aún o están relacionados con procesos judiciales aún inconclusos.
La gran diferencia es que en Estados Unidos ya hay varios juicios concluidos y que muchas de las personas que han sido investigadas en ese país han colaborado activamente con la justicia, optando por declararse culpables y por facilitar las investigaciones.
En la práctica, eso ha derivado en una mayor recuperación de bienes y, también, en unas condenas atenuadas o, incluso, inexistentes.
El abogado Michael Díaz afirma que las dos personas a las que representó en el caso Andrade (un familiar y un exsocio del extesorero chavista) nunca fueron imputadas ni sufrieron alguna sanción como la revocatoria de la visa estadounidense. Eso sí, colaboraron con las investigaciones y entregaron bienes equivalentes a unos US$300 millones.
En el caso de Orsoni, otro cliente de Díaz, pese a su admisión de culpa le sentenciaron a cumplir solamente tres años en libertad condicional.
Esta pena atenuada fue solicitada por la propia Fiscalía, que señaló en un documento que el acusado había provisto una “asistencia sustancial que favoreció la investigación del gobierno y el enjuiciamiento de otras personas que han cometido delitos contra Estados Unidos”.
La gran pregunta sigue siendo, que pasara con todo este dinero ?, ¿ de quien es el dinero al fin ?.
“Legalmente la propiedad de los bienes decomisados se transfiere a Estados Unidos”, responde Nate Sibley, del Instituto Hudson, un centro de estudios con sede en Washington.
