La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla impuso una nueva medida de aseguramiento contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
La medida también fue dictada en contra de otras 18 personas por más de 2.000 hechos cometidos entre 1996 y 2006, crímenes relacionados con homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, entre otros.
Los delitos habrían sido cometidos por la Autodefensas en los departamentos de Magdalena y Cesar. Mancuso fue vinculado con más de 2.000 crímenes que dejaron al menos 5.000 víctimas.
La medida de aseguramiento se suma a otras impuestas por el Tribunal, con respecto a otros hechos que tuvieron lugar en estos territorios.
La Sala de Justicia y Paz hizo un llamado al Gobierno Nacional por peligro de reincidencia, pues algunos desmovilizados no reportan actividad económica y denuncian estigmatización.
Según el Tribunal, muchas de estas personas han sido presionadas por grupos criminales para que retomen las armas.
La Sala pidió al Ministerio de Justicia que coordine la creación de políticas para garantizar la reincorporación de los excombatientes.
Asimismo, ofició a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp/OEA) para hacer seguimiento y brindar apoyo a este llamado.
El Tribunal rechazó las presiones que ha venido recibiendo por la incomodidad, que genera en algunos desmovilizados tener que afrontar un dispositivo de monitoreo satelital.
Las imputaciones se dieron contra los frentes Pivijay, Víctor Villareal, Bernardo Escobar y William Rivas, de las AUC.
