La decisión judicial ordena la continuidad inmediata de De Armas en sus funciones o una transición para su reintegro, bloqueando el empalme y la posesión de Víctor Augusto Pedraza López, que había sido designado como su reemplazo el pasado 7 de octubre.
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar frenó la remoción de Lina María de Armas Daza como agente especial interventora del Hospital Rosario Pumarejo de López. A través de un auto emitido este 9 de octubre de 2026, el juez admitió una acción de tutela y decretó medidas cautelares de urgencia que suspenden temporalmente los efectos de la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) que la apartaba del cargo.
La decisión judicial ordena la continuidad inmediata de De Armas en sus funciones o una transición para su reintegro, bloqueando el empalme y la posesión de Víctor Augusto Pedraza López, que había sido designado como su reemplazo el pasado 7 de octubre.
El juez tomó esta determinación al estudiar los alegatos de la accionante. Para evitar su destitución, De Armas no acudió a argumentos políticos, sino que demostró estar en estado de embarazo y ser la principal proveedora económica de su hogar. Acreditó que su esposo renunció a su trabajo formal para dedicarse al cuidado exclusivo de la hija menor de ambos, quien tiene una condición de discapacidad y requiere terapias continuas.
El relevo en el principal centro médico del departamento se había materializado en medio de un agitado ambiente político. De Armas llegó a la gerencia hace cinco meses de la mano de Daniel Quintero, anterior superintendente de Salud. Sin embargo, con la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República se aceleraron los movimientos para su salida.
La destitución de la exsecretaria de Salud se atribuyó a disputas con sectores de la oposición, como la senadora Claudia Margarita Zuleta. No obstante, el expediente judicial revela que la Supersalud no justificó el despido en motivaciones políticas. Para removerla, la entidad nacional argumentó presuntas deficiencias en la contratación, fallas en la cobertura de riesgos laborales y problemas relacionados con un reporte de conflicto de intereses.
El juzgado le dio un ultimátum de 24 horas a la Supersalud para que entregue las pruebas de dichas fallas técnicas y rinda un informe detallado explicando si tuvo en cuenta o ignoró las comunicaciones previas en las que De Armas notificó su embarazo. El juez también ordenó a Salud Total EPS garantizar sin interrupciones la atención médica para la gestación de la funcionaria y los tratamientos prescritos para su hija.
