La cartera señala faltantes para financiar el aseguramiento, ampliar la vacunación y atender la red hospitalaria.
El Ministerio de Salud solicitó una adición presupuestal de $13,9 billones para 2027 y advirtió que la inversión del sector caerá 31,18%, en un escenario marcado por necesidades de aseguramiento, infraestructura, vacunación y atención de pacientes.
La ministra Ana María Vesga presentó la solicitud ante la Comisión Séptima del Senado y explicó que el presupuesto total del sector crecería apenas 0,84%, con funcionamiento al alza 2,12% e inversión a la baja 31,18%.
De acuerdo con la funcionaria, los recursos previstos no alcanzan para responder a las necesidades del sistema. La solicitud adicional contempla $12 billones destinados al aseguramiento y $1,6 billones para inversión durante la próxima vigencia.
Menos inversión y más necesidades para el sector
En materia de inversión, el presupuesto pasaría de cerca de $2,6 billones en 2026 a $1,6 billones en 2027, lo que representa una reducción cercana a $1 billón frente a la vigencia actual.
La ministra explicó que, además, el 43% de esos recursos está comprometido mediante vigencias futuras. Esto limita el margen disponible para realizar nuevas inversiones y atender prioridades que requieren recursos durante el próximo año.
Entre esas necesidades está la recuperación de la infraestructura hospitalaria afectada por el sismo del 10 de agosto. Vesga reportó más de 440 IPS afectadas, 190 priorizadas y 19 que requerirían reconstrucción total.
En este punto, la ministra explicó que el Fondo Milagro contempla recursos para el levantamiento de la infraestructura hospitalaria afectada. Sin embargo, estos recursos permanecen actualmente incluidos dentro del presupuesto del Ministerio de Salud.
Otra presión está relacionada con el Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI. Para mantener el esquema actual, el Ministerio solicitó una adición de $150.000 millones, mientras plantea ampliar la vacunación con un enfoque de curso de vida.
Según Vesga, el presupuesto previsto permite mantener las vacunas que actualmente hacen parte del programa, pero no ampliar los esquemas hacia otros grupos poblacionales, entre ellos las personas mayores, cuyo número aumenta.
La discusión presupuestal también está relacionada con la financiación del aseguramiento. Los $12 billones adicionales solicitados buscan garantizar los recursos para el plan de beneficios, que incluye las tecnologías y servicios cubiertos por la UPC.
La ministra señaló que el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación debe considerar no solamente la inflación, sino también el crecimiento de las frecuencias registrado durante 2025, año utilizado como base para el cálculo.
Además, Vesga mencionó el Auto 007 de la Corte Constitucional y señaló que podría requerirse un ajuste retroactivo de la UPC correspondiente a años cuyo cálculo, según explicó, habría resultado insuficiente para las necesidades del sistema.
Crisis financiera y reorganización del Ministerio
La solicitud de mayores recursos ocurre mientras el Gobierno expone problemas financieros y operativos en el sistema de salud. Vesga señaló que recibió ocho EPS intervenidas, con más de 22 millones de afiliados y dificultades de atención.
También citó las cifras de la Contraloría General de la República, que estimó cerca de $52 billones en deudas dentro del sistema. Este panorama se suma a las presiones presupuestales que enfrenta el Ministerio para 2027.
La ministra también presentó ante los senadores un balance sobre la ejecución presupuestal que encontró la nueva administración. Según explicó, durante 2025 se comprometieron $4,2 billones, pero solo se obligaron $1,3 billones.
Esto dejó $2,9 billones con problemas de ejecución. Vesga indicó que la Contraloría General de la República no feneció la cuenta fiscal de 2025 por varios hallazgos relacionados con la gestión presupuestal de ese periodo.
El Ministerio también inició una revisión de decisiones administrativas tomadas antes del cambio de Gobierno. Vesga informó que entre el 1 y el 5 de agosto se firmaron resoluciones por $529.000 millones para infraestructura.
Según la ministra, esos proyectos no contaban con disponibilidad presupuestal. Por esta razón, una de las primeras decisiones adoptadas fue suspender temporalmente los procesos de contratación y revisar exhaustivamente las resoluciones.
Otro de los asuntos expuestos fue el crecimiento de la contratación. Vesga señaló que el número de contratistas pasó de unos 900 en 2022 a cerca de 1.900 en 2026.
Al mismo tiempo, la planta del Ministerio aumentó de 728 funcionarios en 2022 a 1.185 actualmente, un incremento de 50,2%. Sin embargo, la ministra indicó que cerca de la mitad de esa planta permanece desprovista.
Para 2027, el objetivo es reducir los contratos de prestación de servicios que fueron suscritos hasta diciembre y fortalecer la planta institucional. La ministra presentó esta reorganización como parte de un ejercicio de eficiencia y orden administrativo.
Las necesidades presupuestales también alcanzan al Instituto Nacional de Salud. Vesga aseguró que la producción de sueros antiofídicos cayó de 55.000 unidades anuales a menos de 10.000.
La situación, según explicó, genera un riesgo sanitario ante las mordeduras de serpientes y arañas. Incluso se ha evaluado la posibilidad de importar estos sueros desde el Instituto Butantan de Brasil.
El INS también enfrenta dificultades relacionadas con el mantenimiento de sus equipos y la disponibilidad de insumos. La ministra señaló riesgos para el procesamiento de muestras de enfermedades como sarampión y dengue.
Para recuperar esas capacidades, el Ministerio solicitó $24.800 millones adicionales para el Instituto Nacional de Salud. También pidió $7.000 millones para fortalecer institucional y tecnológicamente el Fondo Nacional de Estupefacientes.
La presión financiera coincide con una estrategia de atención inmediata para pacientes. Vesga anunció un plan de choque dirigido a 1,06 millones de personas con tratamientos, medicamentos o citas pendientes relacionados con cerca de 16 patologías de riesgo vital.
El programa busca identificar individualmente a estos pacientes y trabajar con las EPS, intervenidas o no. La estrategia contempla recursos de la Adres mediante un mecanismo de compra de cartera para que las entidades paguen los servicios pendientes.
La meta anunciada por el Ministerio es actualizar esa población en tres meses. El Gobierno plantea así una respuesta simultánea a los problemas de financiación, atención y gestión que enfrenta el sistema de salud.
La ministra reconoció las restricciones fiscales del país y señaló que el sector también debe avanzar en eficiencia, transparencia y modelos de contratación medidos por resultados en salud.
En ese contexto, Vesga defendió la necesidad de los recursos adicionales solicitados y cerró su intervención planteando la urgencia de atender a los pacientes que hoy enfrentan barreras para acceder a servicios, tratamientos y medicamentos.
Por: DIANA K. RODRÍGUEZ T.
