Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre ocho inmuebles urbanos que se encuentran ubicados en Bogotá, Puerto Colombia, Atlántico y Villavicencio, en Meta, que estarían a nombre de Armando Alberto Benedetti Villaneda, Rubi Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro.
Adicionalmente, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, apoyada por el CTI y el Ejército Nacional, afectaron con medida cautelar 100 millones de pesos.
“Los predios afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro están avaluadas en más de $8.000 millones, lo que evidenciaría un posible incremento patrimonial injustificado”, detalló la Fiscalía a través de un comunicado.
Estas medidas tienen lugar tras una compulsa de copias ordenadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una investigación adelantada en contra de Benedetti.
Según el ente acusador, información suministrada por la Dian permitió establecer que el senador tiene patrimonios por justificar para los periodos 2009, 2014, 2016 y 2017.
“El material probatorio recaudado evidenció que presuntamente Benedetti realizó maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio dineros que no ha podido justificar”, agregó la Fiscalía.
A estas acciones se habría sumado Rubi Corredor Ruiz, a nombre de quien figura un inmueble por $1.600 millones, enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), para la época en la que dicha entidad era investigada por los entes de control tras actuaciones irregulares que afectaron las finanzas de la administración pública.
